Requerimientos de Autoridades

En Telefónica estamos convencidos de que la evaluación y gestión de los impactos de nuestra actividad en los derechos humanos es fundamental para la sostenibilidad de nuestro negocio. En 2002, con nuestra adhesión al Pacto Mundial, asumimos el compromiso público de respetarlos. Desde entonces, hemos trabajado proactivamente para cumplirlo. El respeto a los Derechos Humanos es uno de los pilares de nuestro código ético, los Principios de Negocio Responsable. En el siguiente enlace pueden consultarse nuestras políticas y asuntos prioritarios en materia de derechos humanos: https://www.telefonica.com/es/web/negocio-responsable/nuestros-compromisos/derechos-humanos/introduccion

La Ley General de Telecomunicaciones (“LGT”) establece como unos de sus objetivos proteger los derechos de los usuarios de los servicios de telecomunicaciones y garantizar la privacidad y confidencialidad de las comunicaciones.

La protección de los derechos fundamentales de las personas, incluyendo la privacidad y la libertad de expresión es un compromiso primordial para TELEFÓNICA y un pilar de nuestro Código Ético denominado Principios de Negocio Responsable, entre otros procedimientos y normativas internas. Telefónica es una de las empresas firmantes de los Principios del sector de las comunicaciones sobre libertad de expresión y privacidad (http://www.telecomindustrydialogue.org/wp-content/uploads/Telecoms_Industry_Dialogue_Principles_Version_1_-_SPANISH.pdf).

Asimismo la empresa emite informes de transparencia anuales cuyo objetivo es mostrar el procedimiento de tratamiento de las solicitudes que Telefónica aplica dentro de la legalidad y con respeto a la privacidad, la libertad de expresión y el secreto de las comunicaciones de sus usuarios. Este informe puede ser encontrado en el siguiente enlace: https://www.telefonica.com/es/web/negocio-responsable/informe-de-transparencia-en-las-comunicaciones

En Costa Rica, solamente una autoridad competente puede ordenar la entrega de datos personales de los clientes o usuarios de servicios de telecomunicaciones o la intervención de las comunicaciones. En este último caso, solamente puede ordenarlo un juez penal competente.

A. Intervención de comunicaciones:

La LGT, en el artículo 18 bis establece:
“Para el otorgamiento de cualquier contrato de concesión estipulado en esta Ley, el concesionario deberá cumplir todos los requerimientos técnicos que garanticen acceso inmediato al centro Judicial de Intervención de las Comunicaciones *CJIC) contemplado en la Ley contra la delincuencia organizada, según los alcances de ese cuerpo normativo.”

La Ley Contra la Delincuencia Organizada (N. 8754 del 22 de julio de 2009) crea en su artículo 14 el Centro Judicial de Intervención de las Comunicaciones (“CJIC”), a cargo del Poder Judicial, como una dependencia encargada de realizar la intervención de las comunicaciones ordenadas por los jueces penales de Costa Rica.

Asimismo, esta Ley establece la obligación de “cualquier empresa, pública o privada, que provea servicios de comunicaciones en el país” de “realizar lo necesario para la oportuna y eficaz operación del Centro Judicial de Intervención de las Comunicaciones (CJIC), según los requerimientos de este Centro.

En esta línea, nuestro Contrato de Concesión No. C-001-2011-MINAET establece que la Concesionaria deberá garantizar que las comunicaciones y los datos de tráfico asociados a ellas, no serán escuchadas, grabadas, almacenadas, intervenidas ni vigiladas por terceros sin el consentimiento de los usuarios, salvo cuando se cuente con la autorización judicial correspondiente, de conformidad con la legislación vigente. Esta misma norma está establecida también en nuestro segundo Contrato de Concesión No. C-002-2017-MICITT, que a su vez que “la Concesionaria garantiza que se encuentra unida y que cuenta con el acceso de comunicaciones al Centro Judicial de Intervención de las Comunicaciones del Poder Judicial para la realización de las investigaciones requeridas en los términos y disposiciones establecidos en la Ley No. 8754 “Contra la Delincuencia Organizada” y demás normas aplicables.”

Así las cosas, de acuerdo con nuestras leyes, todas las intervenciones de comunicaciones del país son ejecutadas por el CJIC y por lo tanto a éste le corresponde recibir las órdenes de intervención de los jueces competentes, revisarlas, verificarlas y cumplir con las mismas. Los procedimientos del CJIC están regulados en el Reglamento de Actuaciones para el Centro Judicial de Interceptación de Comunicaciones, aprobado por la Corte Plena en sesión #44-12 del 17 de diciembre de 2012.

Por lo tanto, en esta materia, la responsabilidad de los operadores y proveedores de servicios de telecomunicaciones se limita a brindar la interconexión y facilidades técnicas que requiera el CJIC para realizar sus labores encomendadas por ley. De esta manera, Telefónica Costa Rica está interconectada de forma directa con el CJIC habilitándolo para realizar de forma directa las intervenciones ordenadas por jueces competentes. Asimismo, con fundamento en las leyes citadas, Telefónica Costa Rica brinda al CJIC de forma periódica la información de todas nuestras radiobases. Esta información es utilizada por el CJIC para geolocalizar los servicios telefónicos intervenidos, siempre y cuando esto haya sido expresamente ordenado por el juez penal competente. 

B. Rastreos Judiciales

Los rastreos se refieren a los metadatos asociados a las comunicaciones y excluyen el contenido de las comunicaciones. Son aquellos requerimientos procedentes de las autoridades judiciales competentes que buscan obtener datos referidos a:

  • Información de identificación y contacto de los usuarios.
  • Datos para identificar el origen y destino de una comunicación.
  • Fecha, hora y duración de una comunicación.
  • Tipo de comunicación.
  • Identidad de los equipos de comunicación (IMSI o IMEI).

Los rastreos pueden ser ordenados tanto por los jueces penales como por el Ministerio Público. Sobre esto, la Sala Constitucional ha resuelto (ver Voto 2012-2509 de las 16:02 horas del 22 de febrero de 2012):

“…esta Sala ha sostenido reiteradamente que el rastreo de llamadas y la intervención telefónica son figuras diferentes, y en tanto la última está protegida por el artículo 24 de la Constitución Política y sólo puede ser autorizada por juez competente en los casos que taxativamente prevé la ley respectiva, la primera no está sometida a dichas restricciones y no viola el contenido del citado artículo constitucional, por lo que bien puede ser ordenada por el Ministerio Público.”

No obstante lo anterior, la misma Sala Constitucional ha dicho que a pesar de que un rastreo no requiera la orden de un juez penal, el mismo debe sujetarse al principio de proporcionalidad. Así, una orden de rastreo debe estar relacionada “únicamente a los sujetos sospechosos y NUNCA a un tercero ajeno a la investigación, so pena de violar el derecho a la intimidad de este último. (Voto 2014-4035 de las 11:00 horas del 21 de marzo de 2014).” Esto exige por lo tanto que la solicitud de rastreo se dé en el contexto de una investigación penal formalmente abierta.

En Telefónica Costa Rica, seguimos un procedimiento para la tramitación de solicitudes de rastreos. Este procedimiento se respalda en los siguientes principios:

  • Confidencialidad: las peticiones y los escritos de respuesta los examinamos con estricta confidencialidad atendiendo a los niveles recogidos en nuestra norma corporativa de clasificación y tratamiento de información clasificada.
  • Exhaustividad: la petición la analizamos de forma detallada y completa para determinar si cumple o no con la legislación nacional.
  • Fundamentación: cualquier decisión de aceptación o rechazo de la petición se adopta conforme a la legislación nacional y, entre otros aspectos, al respeto por los derechos fundamentales de privacidad, intimidad y libertad de expresión.
  • Respuesta diligente: cada petición la tratamos con diligencia procurando una respuesta eficiente.
  • Seguridad: El proceso de recepción, custodia y comunicación lo tramitamos bajo estrictas medidas de seguridad.

El siguiente es un esquema del procedimiento:

  • Verificación de la Solicitud
    • Se revisa que la misma provenga de una autoridad judicial competente: Juez Penal, CJIC o Ministerio Público.
    • Solicitud debe venir en papelería del Poder Judicial, debidamente firmada y sellada, a través de correo certificado o registrado bajo algún convenio suscrito con la autoridad judicial.
    • Se debe identificar la investigación, expediente e imputado.
  • Análisis del Contenido de la Solicitud
    • Se verifica que la información solicitada se relacione con la persona o personas investigadas.
    • Que la información solicitada corresponda a la información propia de un rastreo.
    • Se confirma la posibilidad técnica de obtener la información.
  • Aceptación o Rechazo de la Solicitud
    • Si la solicitud es aceptada, se registra internamente la orden para efectos de seguimiento y control (fecha de solicitud, autoridad solicitante, información de la investigación, fecha de ejecución y entrega), se ejecuta y se informa a la autoridad para que la documentación sea secuestrada por un funcionario competente o es remitida por correo certificado o según el procedimiento acordado con la respectiva autoridad.
    • Si la solicitud es rechazada, se hace el registro de seguimiento y control, no se ejecuta la orden y se informa a la autoridad solicitante sobre los motivos de rechazo de la petición.

C. Información al Usuario

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 inciso c) de la Ley de Protección de la Persona frente al Tratamiento de sus Datos Personales, Ley número 8968 del 7 de julio de 2011, el derecho a la autodeterminación informativa se encuentra limitado en los casos de prevención, persecución, investigación, detención y represión de las infracciones penales.

D. Declaración sobre la Protección del Derecho Fundamental a la Privacidad frente a Requerimientos de Autoridades

La garantía de los derechos fundamentales de las personas, y en particular la privacidad y la libertad de expresión, adquieren en el mundo digital una nueva dimensión gracias al uso de las nuevas tecnologías y el protagonismo de los datos a escala global.
Las operadoras de telecomunicaciones tenemos el deber y la obligación legal de responder a los requerimientos de los Estados para garantizar la seguridad de sus ciudadanos, siempre en el respeto de la ley y los derechos y libertades fundamentales.
Por lo anterior, en Telefónica Costa Rica creemos firmemente en la importancia de colaborar con las autoridades de forma eficiente, garantizando la protección del derecho fundamental a la privacidad.

Desde nuestro inicio de operaciones en 2011, nos hemos opuesto a solicitudes de diferentes autoridades estatales de entregar bases de datos de nuestros clientes. Tal y como lo ha manifestado la Sala Constitucional, cualquier solicitud de información personal debe respetar el principio constitucional de proporcionalidad así como el marco de legalidad vigente. Dichas solicitudes deben hacerse en el marco de una investigación formal y solo proceden respecto a los individuos objeto de la investigación.

También nos hemos opuesto a la imposición de obligaciones de conservar datos de tráfico y  localización más allá del tiempo establecido en la LGT y en el Reglamento sobre Medidas de Protección de la Privacidad de las Comunicaciones.